El Ministerio de Hacienda se desmarca de la supervisión sobre los nombramientos discrecionales de interventores y tesoreros en los municipios de mayor tamaño

Una serie de fallos judiciales adversos, aunque limitados en número, han sido el detonante para que el Ministerio de Hacienda decida dar un paso al costado y abandonar su rol de vigilancia previa. Hasta ahora, esta cartera estatal tenía la potestad de autorizar o denegar la creación de puestos de libre designación para los interventores y tesoreros de los grandes consistorios, así como de fiscalizar las circunstancias que rodeaban sus destituciones. Con la nueva normativa, esta barrera de control se desvanece.

El Ejecutivo central ha aprovechado la tramitación de un Real Decreto Ley, cuyo objetivo principal era desbloquear las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y otorgar mayor flexibilidad a los ayuntamientos para el uso de sus superávits presupuestarios, para introducir una modificación sustancial. Este cambio legal desmantela, de facto, el entramado de controles reforzados que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en pie en el año 2013. Aquella reforma, gestada en los años más duros de la crisis financiera, blindó a los interventores y tesoreros municipales de las grandes ciudades, diputaciones, consejos insulares, áreas metropolitanas y cabildos. En aquel contexto, cada euro público era sometido a un escrutinio exhaustivo y minucioso.

El origen del sistema de control: un blindaje contra la arbitrariedad

En el momento de su creación, el Gobierno de entonces decidió implementar un sistema de autorización previa por parte del Ministerio de Hacienda para canalizar la creación de puestos de libre designación en las áreas de intervención y tesorería municipal. Aunque esta figura debería ser una solución excepcional, la práctica demostró que se convirtió en un recurso habitual. Paralelamente, se estableció la obligatoriedad de contar con un informe favorable de la autoridad estatal para poder cesar a los funcionarios habilitados nacionales que hubieran accedido al cargo por esta vía.

Fuentes con un conocimiento profundo de aquel desarrollo legislativo subrayan que el objetivo de este sistema de control reforzado era claro: inhibir cualquier tentación de utilizar la vía flexible de la libre designación para colocar en puestos estratégicos de control contable a funcionarios afines. La intención era evitar que personas con vínculos políticos pudieran ejercer una fiscalización laxa o condescendiente de las cuentas municipales, garantizando así la independencia técnica del control interno.

• Autorización previa de Hacienda: Se exigía para crear puestos de libre designación en Intervención y Tesorería.
• Informe favorable para el cese: Se requería para destituir a los funcionarios designados por ese cauce.
• Objetivo principal: Evitar el nombramiento de interventores y tesoreros afines que pudieran ser condescendientes con la gestión municipal.

La reacción del colectivo profesional: una alarma ante el debilitamiento del control

La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital) ha recibido esta modificación legal con una notable inquietud. En un comunicado oficial, la organización ha expresado su descontento y preocupación por lo que consideran un paso atrás en la calidad democrática y el control financiero de las entidades locales.

«La nueva redacción mantiene formalmente el concurso como sistema normal de provisión, pero flexibiliza el recurso a la libre designación en las entidades locales de mayor dimensión», denuncian desde Apsital. Para la asociación, este cambio no es un mero ajuste técnico, sino que representa un claro debilitamiento del sistema de control municipal. «La Intervención no es una función de confianza política, es una función pública necesaria, técnica e independiente, dirigida a garantizar la legalidad y la correcta utilización de los fondos públicos», recalcan con firmeza en su comunicado, poniendo el acento en la naturaleza técnica y no política del cargo.

La justificación del Gobierno y la visión de los expertos

El Gobierno justifica esta reforma apelando a «la necesidad de adaptar esta regulación a los últimos pronunciamientos judiciales». Según fuentes oficiales, algunas sentencias han revocado denegaciones de autorización previa ejecutadas por Hacienda, lo que, a su juicio, obligaba a una revisión del marco normativo para evitar futuros conflictos legales.

Sin embargo, fuentes cercanas a los habilitados nacionales rebaten esta justificación. Sostienen que los casos judiciales que han llevado a esta decisión son puntuales y aislados, y que en ningún caso constituyen una enmienda a la totalidad del actual marco jurídico de control. Consideran que la respuesta del Gobierno es desproporcionada y que se ha optado por una solución radical en lugar de ajustar los mecanismos existentes.

Alberto Bravo, portavoz de la organización profesional, advierte sobre las posibles consecuencias perniciosas de esta derogación. «A partir de ahora algunos podrán ceder a la tentación de cesar a sus interventores y tesoreros por motivos ajenos a la función que tienen que ejercer», alerta. La eliminación del informe motivado para los ceses, según Bravo, abre la puerta a que los responsables políticos puedan destituir a los funcionarios de control por razones de conveniencia política o por ejercer una fiscalización rigurosa, comprometiendo así la independencia y la eficacia del control interno municipal.