Cájar logra un importante triunfo judicial frente a la Junta de Andalucía por una ayuda para placas solares

El origen del conflicto: una subvención para la eficiencia energética

El municipio granadino de Cájar ha conseguido un destacado respaldo judicial en su batalla administrativa contra la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), dependiente de la Junta de Andalucía. El litigio gira en torno a una subvención de 30.884,80 euros destinada a la instalación de paneles solares fotovoltaicos en tres edificios municipales, concedida inicialmente a finales de 2019 pero que la administración autonómica pretendía recuperar cinco años después aduciendo defectos en la justificación documental.

Los hechos se remontan a noviembre de 2019, cuando el Ayuntamiento de Cájar solicitó una ayuda de 30.000 euros para el fomento del desarrollo energético sostenible. La subvención fue otorgada formalmente en febrero de 2020. Tras adjudicar y ejecutar las obras por un importe total de 32.000 euros, el consistorio procedió a justificar los gastos incurridos. Sin embargo, el 22 de enero de 2024, la AAE inició un expediente para revocar la ayuda económica, argumentando que las facturas presentadas no se ajustaban al formato exigido por la normativa entonces vigente.

El núcleo de la disputa: certificado digital versus resguardo bancario tradicional

El principal punto de fricción entre ambas administraciones fue la exigencia, por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, de presentar una copia del resguardo del cargo de la transferencia bancaria. En lugar de ese documento, el Ayuntamiento aportó un certificado digital bancario emitido por la entidad financiera. Cabe destacar que la instrucción aplicada por la AAE ya había sido derogada y reemplazada por una normativa más flexible que permite explícitamente cualquier documento bancario válido donde se acredite la realización efectiva de la transferencia.

El equipo jurídico del Ayuntamiento, liderado por el letrado Rafael Revelles, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Sevilla, después de que la AAE desestimara varios recursos previos y declarara firme la pérdida del derecho al cobro en febrero de 2025.

La sentencia favorable: un aval a la flexibilidad documental

El tribunal ha estimado el recurso del Ayuntamiento de Cájar, subrayando que la documentación aportada garantiza plenamente la «trazabilidad del pago» y que la resolución autonómica debe ser anulada por «no ajustarse a Derecho». La magistrada, en una sentencia a la que ha tenido acceso este medio, destaca varios puntos clave:

• Contenido del certificado digital: Incluye todos los elementos esenciales para comprobar la operación: fecha de pago, entidad beneficiaria, importe, concepto, identificación del firmante y la entidad emisora.
• Refuerzo probatorio adicional: El Ayuntamiento adjuntó el libro de contabilidad de la empresa instaladora donde consta detalladamente el movimiento bancario, así como un extracto de los movimientos bancarios municipales.
• Validez actual del certificado: La jueza señala que, hoy en día, este tipo de certificaciones se consideran plenamente aptos y válidos para justificar abonos.

La jueza se apoyó en jurisprudencia de la Audiencia Nacional para rechazar la postura de la AAE, calificando la actuación de la Junta como un «excesivo rigorismo». El tribunal considera desproporcionado revocar una ayuda por un mero defecto formal documental, especialmente cuando la propia administración autonómica nunca ha cuestionado que las obras se realizaron efectivamente y que la subvención cumplió su finalidad de fomentar el desarrollo energético sostenible mediante placas solares de alta eficiencia.

Un precedente judicial firme y consolidado

La sentencia menciona, además, que esta misma juez ya se pronunció en idéntico sentido en un caso similar, donde otro Ayuntamiento impugnaba una resolución de la AAE por los mismos motivos y que adquirió firmeza al no ser recurrida. Este hecho refuerza la coherencia jurisprudencial y la línea judicial favorable a una interpretación más flexible y razonable de los requisitos de justificación.

El letrado municipal destacó que la modernización del centro cívico de Cájar mediante inversores solares fotovoltaicos y paneles ha sido posible gracias a esta subvención, y que la justicia ha validado el trabajo minucioso de los servicios de intervención municipales.

Reacción del Ayuntamiento y próximos pasos

Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante, el Ayuntamiento ha valorado el logro en primera instancia con evidente satisfacción. La alcaldesa de Cájar, Mónica Castillo de la Rica, ha expresado su agradecimiento: «Pedimos esas subvenciones para tres edificios municipales y se justificó de forma debida. En dos de ellas no hubo problemas ni reparo. Sin embargo, en una de las subvenciones que percibimos y ejecutamos se nos complicó, la relativa a la modernización del centro cívico. Tengo que agradecer la labor del representante legal del Ayuntamiento y de los servicios de intervención municipales. Su trabajo ha hecho que, por ahora y en primera instancia, la justicia nos dé la razón y no tengamos que devolver el importe de esa ayuda».

«La sentencia demuestra que la administración debe priorizar el fondo sobre la forma cuando se ha acreditado el destino real de los fondos públicos. No se puede penalizar a un pequeño municipio por un tecnicismo documental cuando la obra se ha ejecutado y la inversión ha sido beneficiosa para la comunidad».

Este caso sienta un precedente importante para otros municipios andaluces que puedan enfrentarse a situaciones similares. La flexibilización de los requisitos documentales, avalada por la justicia, protege a las administraciones locales que actúan de buena fe y promueven la transición energética mediante kits solares autoinstalables y otras tecnologías renovables.