La Audiencia Nacional invita a la Agencia Tributaria a sumarse a la pesquisa por las joyas del expresidente Zapatero

Un reciente auto judicial, al que ha tenido acceso este diario, marca un nuevo capítulo en el caso que investiga el origen y la tributación de varias piezas de joyería vinculadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado instructor ha decidido ofrecer a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse como parte en las diligencias, al considerar que el fisco puede ser la entidad “potencialmente perjudicada” por los hechos bajo lupa.

“Se concede a la Administración Tributaria la oportunidad de ejercer las acciones civiles o penales que considere oportunas, dado que los indicios recabados hasta la fecha apuntan a una posible ocultación de bienes o plusvalías no declaradas”, reza el texto del auto.

¿Qué supone este ofrecimiento de acciones?

Desde el punto de vista procesal, el ofrecimiento de acciones es una herramienta habitual en la instrucción penal. Permite que el presunto perjudicado –en este caso, el erario público– se persone en la causa, designe abogado y procurador, impulse la investigación y, en su caso, reclame responsabilidades civiles o fiscales. Al tratarse de la Agencia Tributaria, su eventual personación podría acelerar la práctica de pruebas periciales sobre valoraciones, plusvalías o posibles delitos contra la Hacienda Pública.

Antecedentes de la investigación sobre las joyas

La causa, abierta hace varios meses, se centra en la adquisición y posesión de una serie de joyas de alto valor –entre las que figuran relojes de lujo, collares y pulseras con gemas– que habrían sido regaladas o adquiridas durante el mandato del expresidente o en los años posteriores. Las primeras pesquisas se iniciaron tras una denuncia presentada por un colectivo de vigilancia ciudadana, que señalaba diferencias entre el patrimonio declarado y el valor estimado de las piezas. La investigación se ha visto salpicada por declaraciones contradictorias sobre el origen de los fondos y sobre si se declararon en el Impuesto sobre el Patrimonio y el IRPF.

• Piezas bajo sospecha: se contabilizan al menos cinco joyas, con un valor conjunto estimado superior a los 200.000 euros, según las primeras tasaciones periciales.
• Periodo investigado: desde 2005 hasta 2018, año en que se habrían producido las últimas transacciones o regalos.
• Posibles delitos: blanqueo de capitales, fraude fiscal y omisión de bienes en las declaraciones patrimoniales.

La Agencia Tributaria como parte perjudicada

La figura de la Agencia Tributaria como “potencial perjudicada” se sustenta en la posibilidad de que se hayan eludido impuestos asociados a la tenencia o transmisión de estas joyas. En concreto, los técnicos de Hacienda podrían reclamar la liquidación de cuotas no satisfechas, así como los correspondientes intereses de demora y sanciones. Además, si se acreditara un delito fiscal, el fisco podría personarse para solicitar la responsabilidad civil derivada del mismo.

En el auto, el magistrado destaca que “la relación de hechos investigados guarda conexión directa con la tributación de bienes muebles de especial valor, por lo que resulta pertinente que el órgano recaudador pueda defender los intereses de la Hacienda Pública desde el inicio de la instrucción”. Esta decisión no es inhabitual en casos de presunto fraude de grandes contribuyentes o personas con proyección pública, donde el impacto económico potencial justifica una intervención temprana del fisco.