Denuncia de Compromís ante Antifraude por la subvención millonaria del Consell a la producción de Disney ‘Enredados’

El grupo parlamentario Compromís ha presentado una queja formal ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) en relación con la ayuda directa de 5 millones de euros otorgada por la Generalitat a la empresa Sol Films 2026 SLU. Esta subvención, de carácter nominativo, está destinada al rodaje de la esperada superproducción de Disney ‘Enredados’ en los platós de la Ciudad de la Luz. La denuncia, rubricada por la portavoz adjunta Isaura Navarro, sostiene que esta concesión podría implicar un empleo irregular de fondos públicos, una vulneración de los principios de transparencia y libre concurrencia, así como un potencial incumplimiento de la normativa europea sobre competencia.

“Estamos ante una operación que hace mal olor desde el primer día”, ha declarado Navarro. “Una empresa traslada su sede social de Málaga a Alicante solo 23 días antes de que el President anunciara el acuerdo con Disney, y a continuación recibe 5 millones de euros a dedo, sin publicidad ni concurrencia. Un movimiento que sugiere una planificación ad hoc para facilitar la recepción de la ayuda directa; las sospechas de irregularidad son enormes”.

Los argumentos clave de la denuncia

La portavoz adjunta ha detallado varios puntos que, a su juicio, evidencian una gestión opaca y potencialmente ilegal de los recursos públicos:

• Falta de concurrencia: La subvención se concedió de forma directa, sin ningún proceso de licitación pública que permitiera la participación de otras empresas del sector audiovisual.
• Cambio de sede sospechoso: Sol Films 2026 SLU movió su domicilio social desde Málaga a Alicante apenas tres semanas antes del anuncio oficial, lo que indica, según Compromís, una maniobra deliberada para acceder a la ayuda.
• Ausencia de transparencia: No se ha hecho público el expediente administrativo que justifique la elección de esta empresa ni los criterios empleados para fijar el importe de 5 millones de euros.
• Posible infracción de la normativa europea: La ayuda podría considerarse una subvención ilegal según las reglas de la Unión Europea sobre ayudas de Estado, especialmente tras el antecedente de la Ciudad de la Luz.

Agravio comparativo con el sector audiovisual valenciano

Navarro ha puesto el foco en la desigualdad de trato que supone esta operación para las productoras locales. Mientras el conjunto de las empresas audiovisuales valencianas debe competir por una línea de ayudas de 6,7 millones de euros —con un límite de 500.000 euros por proyecto y la obligación de reinvertir el 150%—, una única producción de una multinacional recibe una cantidad casi idéntica de forma directa y sin condiciones equiparables.

“Es una desproporción injustificable que el Consell ni siquiera ha intentado explicar”, ha afirmado la portavoz. “Las productoras valencianas tienen que demostrar su viabilidad, reinvertir y esperar años para recibir fondos, mientras que a una gran compañía extranjera se le entrega el dinero sin más trámite”.

Para comprender mejor el contexto de las ayudas al sector audiovisual en España, resulta útil consultar guías especializadas sobre financiación de proyectos culturales, como las que se encuentran en libros sobre ayudas al cine y la televisión que explican los mecanismos de concurrencia competitiva y las obligaciones de reinversión.

El precedente de la Ciudad de la Luz: una advertencia del pasado

La denuncia recuerda el sonado caso de los estudios de la Ciudad de la Luz, que en 2012 fueron sancionados por la Comisión Europea por considerar que las ayudas recibidas constituían subvenciones ilegales. Aquella decisión obligó a devolver 265 millones de euros y provocó el cierre de las instalaciones durante años. “Ya sabemos cómo acaba este tipo de actuaciones”, ha advertido Navarro. “La Ciudad de la Luz estuvo clausurada durante años por una sanción europea por ayudas ilegales, y ahora el PP vuelve a jugar con fuego. Si Europa declara ilegal esta subvención, quien pagará las consecuencias será todo el sector audiovisual valenciano, que ya está en pie de guerra”.

El riesgo de repetir aquel desastre no es menor. La normativa europea sobre ayudas de Estado es especialmente estricta en el ámbito audiovisual, y cualquier concesión directa sin justificación adecuada puede derivar en sanciones millonarias. Para quienes quieran profundizar en este marco legal, existen manuales de referencia como libros de derecho de la competencia en la Unión Europea que analizan casos históricos y sus consecuencias.

El impacto económico cuestionado: cifras sin respaldo

Compromís también pone en duda las cifras de impacto económico que el Consell ha difundido para justificar la subvención. Según la Generalitat, el rodaje generaría entre 80 y 120 millones de euros de retorno para la economía valenciana, pero no existe ninguna memoria técnica, auditoría externa o estudio independiente que respalde estas estimaciones.

“Las fuentes del sector califican estas cifras de ficticias y disparatadas”, ha señalado Navarro. “El rodaje efectivo en nuestro territorio podría reducirse a apenas diez días, y la producción viene con su propio personal y sus propios medios. ¿Dónde está el estudio de impacto que justifica la calificación de ‘Proyecto Estratégico’? No existe, y la misma Generalitat lo ha reconocido en respuesta a nuestras preguntas parlamentarias”.

La falta de documentación contrasta con las exigencias que se imponen a otros proyectos considerados estratégicos. Un análisis riguroso del impacto económico de las producciones audiovisuales puede encontrarse en publicaciones como estudios sobre el sector audiovisual y su contribución al PIB regional, que ofrecen metodologías contrastadas para medir estos efectos.

Las peticiones concretas a la Agencia Antifraude

En la denuncia presentada, el grupo parlamentario solicita a la AVAF que adopte las siguientes medidas:

• Iniciar una investigación en profundidad sobre el proceso de concesión de la subvención.
• Requerir el expediente administrativo íntegro que contiene la documentación justificativa de la ayuda.
• Solicitar el informe de la Abogacía de la Generalitat sobre la compatibilidad de la subvención con la normativa europea de ayudas de Estado.
• Exigir la memoria de impacto socioeconómico que, en teoría, fundamenta la calificación de “Proyecto Estratégico” y el desembolso de los 5 millones.
• Remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal si se detectan indicios de responsabilidad penal o perjuicio al erario público.

“No permitiremos que se normalice esta manera tan arbitraria de adjudicar dinero público como manera de gobernar”, ha concluido Navarro. “Antifraude tiene que abrir una investigación, requerir al Consell que dé toda la documentación que fundamenta esta ayuda y si no es capaz, se tiene que trasladar este caso a la Fiscalía”.

Para seguir de cerca la evolución de este caso y conocer más sobre los mecanismos de control del gasto público en la Comunidad Valenciana, se recomienda la lectura de guías sobre transparencia y fiscalización de fondos autonómicos, que explican el papel de organismos como la AVAF y las vías de denuncia ciudadana.